La Conadic, confirmó que no reeditará el informe ya que tiene un costo de 150 mdp, y no es compatible con las políticas de austeridad promovidas por el presidente AMLO
Ciudad de México.- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha renunciado a reeditar la encuesta sobre uso de drogas y tampoco tiene previsto elaborarlos en un futuro próximo, a pesar de que este año debía haberse realizado la Encuesta Nacional de Adicciones (Encodat).
Este estudio se realiza cada cinco años aproximadamente desde 1998, aunque depende de la voluntad del gobierno.
El último Encodat se publicó en 2017 con datos de un año antes. Se trata de un cuestionario que sirve para conocer las tendencias de la población en uso de alcohol, tabaco y estupefacientes.
La Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), confirmó que no tiene previsto reeditar este informe “en un futuro próximo” y argumentó razones presupuestales: una encuesta de estas características cuesta aproximadamente 150 mdp, por lo que no es compatible con las políticas de austeridad promovidas por el presidente López Obrador.
Es decir, que los últimos datos sobre uso de alcohol, tabaco, mariguana, cocaína u otro tipo de sustancias fueron recabados hace seis años.
En este tiempo han ocurrido hechos importantes. Por ejemplo, las iniciativas para la regulación del cannabis, todavía en trámite legislativo. Además, existen fenómenos que se han desarrollado como la proliferación del fentanilo, que en EU ya mata a más de 100 mil personas al año, o la expansión del uso de la metanfetamina, especialmente en estados con presencia del crimen organizado como Baja California, Michoacán o Guanajuato.
La falta de información coincide con la puesta en macha de la campaña contra las adicciones que encabezará la SEP a partir del termino de vacaciones de Semana Santa, es decir, la campaña iniciará sin datos reales de cuantos adictos están activos en México y cuáles son las sustancias que consumen.
En opinión de expertos que trabajan en el ámbito de la reducción de riesgos, renunciar a disponer de datos actualizados dificulta la posibilidad de poner en marcha políticas que aborden la problemática con base en los hechos.
“Conocer los datos y la prevalencia del consumo de sustancias es sumamente importante. Son datos que no solo requerimos para diseñar políticas públicas sino que tenemos que estar emitiendo a las instancias internacionales para que ellos puedan hacer sus estimaciones a nivel global”, Zara Snapp, fundadora del Instituto RIA, una ONG que promueve políticas sobre drogas basadas en la justicia social.
En opinión de Angélica Ospina, catedrática del Conacyt adscrita al programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), ante la falta de datos objetivos con los que trabajar políticas públicas se deja espacio al “prejuicio y la ideología”. “Me parece grave que se desestime un instrumento como este, con todas sus limitaciones”, dijo Ospina.
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